Varias iniciativas legislativas endurecen los estándares para las empresas europeas o aquellas que quieren hacer negocios en el continente.
Texto: Júlia Manresa Nogueras
Buena parte de los estándares requeridos en términos de responsabilidad social y sostenible para las empresas españolas vienen marcados desde la Unión Europea. La sostenibilidad es uno de los pilares que sostienen la estrategia política de la Comisión Europea que lidera Ursula Von der Leyen y que refleja un mayor apoyo popular a las formaciones verdes. El llamado Green Deal europeo es la primera de todas las prioridades del ejecutivo con sede en Bruselas, seguido de cerca de la voluntad de crear una «economía que trabaje para la gente», con la reducción de las desigualdades y la promoción y el respeto por los derechos humanos en la primera línea. De ahí que la Unión Europea busque que sus empresas también trabajen en esa dirección y haya fijado unos estándares empresariales y financieros exigentes.
Recientemente, se han aprobado diferentes directivas que así lo prueban porque, al fin y al cabo, la responsabilidad social corporativa tiene muchas aristas y enfoques y hay muchas formas de promoverla. De entrada, es importante ver cómo define la Unión el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Es la «integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores». Se trata, por tanto, de aquellas acciones de las empresas que van más allá de sus obligaciones legales.
Los nuevos marcos reguladores europeos buscan presionar hacia el cumplimiento de ciertos estándares y abandonar cada vez más la voluntariedad para convertirla en compromisos comunes ineludibles para hacer negocios en Europa
UN “DEBER” EMPRESARIAL
Sin embargo, los nuevos marcos reguladores europeos buscan presionar hacia el cumplimiento de ciertos estándares y abandonar cada vez más la voluntariedad para convertirla en unos compromisos comunes ineludibles para realizar negocios en Europa. «Las acciones de las empresas tienen impactos significativos en la vida de los ciudadanos de la UE y de todo el mundo», dice el ejecutivo comunitario con contundencia. Por eso, continúa, «los ciudadanos de la UE esperan con razón que las empresas entiendan sus impactos positivos y negativos sobre la sociedad y el medio ambiente». La Comisión no habla de la voluntad de las empresas de cumplir con esta exigencia ciudadana, sino que considera que la conducta empresarial responsable es un «deber».
Por ello, a lo largo de los últimos años, la UE ha impulsado una combinación de acciones voluntarias y obligatorias que buscan promover la RSC e implementar los principios rectores que fija Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, así como la llamada agenda 2030 para al desarrollo sostenible. De entrada, la Unión promueve guías y asesoramiento empresarial a las compañías europeas para que se alineen con estos estándares globales de RSC. Incluso alienta a las pequeñas y medianas empresas a hacerlo, a pesar de reconocer que para la mayoría de ellas el proceso a través del cual alcanzan sus objetivos de responsabilidad social es «informal e intuitivo».
La presentación de la propuesta de la taxonomía también ha sido, este año, otra prueba del interés prioritario que el ejecutivo de Bruselas demuestra en este ámbito. Pero no ha estado exenta de polémica. En el sector energético, la clasificación del gas y la nuclear en una zona gris no considerada insostenible ha despertado reticencias de los sectores ecologistas y ha mostrado la división entre países
Pero para no dejarlo todo en un marco excesivamente abierto y voluntario, existe toda una retahíla de directivas e iniciativas europeas que, al fin y al cabo, enfocan la RSC de las empresas europeas. Por ejemplo, en abril del año pasado, la Comisión reforzó los requerimientos de la directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa, que obliga a las empresas con más de 500 trabajadores a publicar información no financiera sobre cuestiones medioambientales, sociales y laborales, respeto de los derechos humanos, diversidad en sus consejos de administración o lucha contra la corrupción, a través de auditorías de la información y estándares concretos. Otro ejemplo aún más reciente es la llamada diligencia debida (Due Dilligence), que pone especial foco en el trabajo decente y digno, una de las principales tareas e iniciativas que lidera el comisario luxemburgués, Nicolas Schmit.
CERTIFICACIONES Y TAXONOMÍA
Otras medidas que pueden incluirse en este marco son, por ejemplo, la polémica taxonomía, la clasificación de inversiones sostenibles, que debe permitir a las empresas y actores financieros tener un menú claro de qué sectores, bienes o servicios son considerados sostenibles o verdes de cara, entre otros, al cumplimiento de sus objetivos de responsabilidad social corporativa o, incluso, de cara a la obtención de ciertos incentivos vinculados a este tipo de operaciones. La presentación de la propuesta de la taxonomía también ha sido, este año, otra prueba del interés prioritario que el ejecutivo de Bruselas demuestra en este ámbito. Pero no ha estado exenta de polémica. En el sector energético, la clasificación del gas y la nuclear en una zona gris no considerada insostenible ha despertado las reticencias de los sectores ecologistas y ha mostrado la división entre países.
Pero la responsabilidad social corporativa se gestiona también desde la Comisión Europea, por ejemplo, con la concesión de certificados ambientales. Son los llamados EMAS (EU eco-management and audit scheme), que permiten registrar empresas que realizan una monitorización para probar su gestión medioambiental. Según la Comisión Europea, este sistema puede beneficiar a las empresas a la hora de liberarse de ciertos controles o trámites burocráticos relacionados con los cumplimientos medioambientales, pero también abrir las puertas de acceso a ciertos actores empresariales a mercados reservados sólo para las empresas que cumplen ciertos estándares medioambientales certificados a través de los EMAS.
En octubre de 2021, las últimas cifras oficiales de las que dispone la Comisión, existían un total de 3.887 organizaciones y 12.022 centros registrados en el sistema EMAS. Sólo en España, por ejemplo, hay más de 2.000. En el conjunto de Europa, los sectores que más uso hacen de esta certificación son la gestión de residuos, la construcción, las manufacturas de metal y el comercio al por mayor. Sin embargo, también hay certificaciones para el sector educativo, el energético o la administración pública.
Todos estos son solo algunos ejemplos de todas las iniciativas que quedan enmarcadas bajo la estrategia europea para la RSC. Una política transversal dentro de las diferentes carteras europeas que tiene la sostenibilidad, los derechos humanos y laborales en el centro y que mantiene a Europa entre los líderes mundiales en estándares empresariales porque año tras año sube un poco más el listón.
